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Carta al Director

Prisión preventiva por riesgo de fuga (No todos son Roldán). Por Miguel Bernad

01 de septiembre de 2017 -
1:13 min.

Uno de los fundamentos que utilizan los para dictar y mantener prisión preventiva de un investigado o procesado, es el riesgo de fuga.

         Es cierto que este condicionante está regulado en la ley de enjuiciamiento criminal, pero no es menos cierto que se interpreta y aplica por parte de los jueces, magistrados y fiscales de una forma insuficiente, escasamente motivada, más rutinaria que otra cosa.

         Como medida alternativa, tasan y canjean la puesta en libertad del preso preventivo en una cantidad económica, discrecional, aunque yo diría arbitraria, según sea el juez que instruye el procedimiento…

         Me recuerda esa tasa o depósito para dejarte en libertad por riesgo de fuga, a las películas americanas del Oeste, donde el sheriff ofrece una recompensa por el delincuente huido.

         El criterio de tasación o valoración en muchas ocasiones es esperpéntico, y se producen rebajas relevantes en los recursos de apelación.

         Si hay riesgo de fuga evidente, no cabe la alternativa de la fianza, aunque esta sea desproporcionada, y supone además un agravante entre las personas que tienen medios, y las que no, con lo cual parece que hay dos justicias: la de los ricos (en libertad provisional), y la de los pobres (en prisión preventiva).

         Hay casos que el sentido común te indica claramente la inexistencia de riesgo de fuga.

         No voy a citar, por respeto a las personas, nombres concretos de investigados o procesados en los cuales es totalmente impensable su fuga, dada la relevancia del personaje, la existencia de una familia en España, actividades laborales o pensiones, etc. Y ello con independencia de que puedan tener un abultado patrimonio fuera del territorio nacional.

         Además, hoy por hoy, cada día son menos los países con los que España no tiene convenios recíprocos de extradición.

         En definitiva: no todos son Roldán.

 

 Miguel BERNAD REMÓN,

Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

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