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Carta al Director

Las turbulencias del Ministerio Público. Por Miguel Bernard Remón

13 de mayo de 2017 -
2:06 min.

         A nadie asombra ya que las actuaciones del Ministerio Público en temas que afectan a políticos, sector financiero y organizaciones o agentes sociales, causan no solo estupor, sino que han producido un gran desprestigio de una figura fundamental y esencial en un Estado de Derecho.

         Desgraciadamente esta figura estelar del ordenamiento jurídico carece de respeto y credibilidad en nuestra sociedad.

         Una y mil veces, se repite que actúa con total independencia, pero los hechos ponen en evidencia todo lo contrario.

         El caso más sonado fue el del fiscal don Pedro Horrach, que se convirtió en el mejor abogado defensor de la Infanta Cristina de Borbón.

         Remontándonos en el tiempo, en el caso del Prestige (Nunca Mais), el caso Atutxa, y otros, el Ministerio Fiscal en primera instancia acusa y posteriormente, por razones políticas, desiste…

         En el caso de Baltasar Garzón, en los tres procesos contra él, la fiscalía se opuso.

         En el caso de Arturo Mas, la fiscalía no acusó del delito de malversación de caudales públicos, que es un delito de libro, y que podría haber terminado con sus huesos en la cárcel, acusándole únicamente (para cubrir el expediente) de desobediencia, que comporta únicamente una pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos, algo meramente simbólico, y sin efectos reales prácticos.

         La dimisión de la anterior Fiscal General del Estado (más bien del Gobierno), por no someterse a las presiones del Ejecutivo, es un claro ejemplo de las turbulencias del Ministerio Público.

         El escándalo de los casos del 3% en Cataluña, del Presidente de La Rioja, del ex Presidente de Murcia, del ex Presidente de la comunidad autónoma de Madrid…, han dejado seriamente tocada la Institución.

         En esta dramática situación, se pretende además aniquilar la acción popular, ya que se le ha perdido el respeto.

         La propia magistrada doña Mercedes Ayala ha tenido el coraje de decir en público lo que una buena parte de los jueces piensan en privado: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”. Y añado yo: bien directamente o a través del fiscal superior o fiscal jefe provincial correspondiente.

         El actual fiscal jefe de anticorrupción acuerda tramitar la denuncia de los imputados (ahora investigados) por las cuentas de los Pujol en Andorra. Es decir, los denunciados se convierten en denunciantes de los fiscales. El mundo al revés, vamos.

         El despacho “equipo económico”, consultoría creada por don Cristóbal Montoro, ministro de hacienda, acusa a la fiscalía de mala fe y de actuar por motivos políticos. Y añado yo, de ser cierta esa afirmación: ¿por orden de quien…?

         El Consejo Fiscal, órgano asesor de la carrera, se debate entre enfrentamientos de sus miembros, conservadores y progresistas, dando una imagen patética ante la sociedad española.

         Y la figura estelar que esta Institución tiene en los países democráticos, en España está denostada, desprestigiada, a un nivel similar al de la fiscalía en las repúblicas bananeras de Sudamérica. ¡Claro que hay quien dice que España es una monarquía platanera!

         Es urgente repensar esta Institución para que los españoles podamos estar seguros de que tenemos un órgano que defienda la legalidad vigente y el interés público con total independencia del poder ejecutivo.

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