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Carta al Director

Prisión preventiva para Carmen Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Por Miguel Bernad

14 de septiembre de 2017 -
1:50 min.

La fiscalía anuncia la interposición de una querella por delitos de prevaricación y desobediencia contra Carmen Forcadell y los miembros de la Mesa del parlamento catalán que votaron a favor de la declaración de independencia.

         Pero esta fiscalía, que no tiene autonomía alguna, y recibe instrucciones desde Madrid, no interpone una querella por otros delitos, mucho más graves, y penados con muchos años de prisión, que se han cometido: sedición y malversación de caudales públicos. Pero claro, ¡no vamos a enfadar a los catalanes, todavía más!

         Una nación donde no se cumplen las leyes, empezando por la Constitución, o el propio estatuto de autonomía de Cataluña, y donde todo el mundo se llama a andana…, o dónde la fiscalía está totalmente condicionada en su actuación por los pactos políticos, y que actúa siempre en función de las circunstancias, no es un país serio.

         El Gobierno del PP no quiere crear mártires en Cataluña, y por eso rehúsa acusar por los delitos más graves, y que podrían conllevar penas de prisión, de varios años de duración…

         Rajoy dice a los cuatro vientos que el Estado de Derecho se está aplicando de manera inexorable, lo que es totalmente falso. El poder ejecutivo no está haciendo absolutamente nada, y el poder legislativo, tampoco. Todo se ha dejado al albur de los jueces del Tribunal Constitucional, que ni siquiera es un verdadero Tribunal, y cuyos Magistrados han sido elegidos a instancias de los principales partidos políticos, y por lo tanto están totalmente politizados.

         Todo es una burda manipulación y mentira. A los políticos catalanes, cuyos cabecillas son unos auténticos delincuentes, y no solo políticos, se les está tratando de una forma absolutamente privilegiada, con guantes de seda.

         La prisión preventiva, como medida excepcional que es, al decretarse el internamiento de una persona que no ha sido todavía condenado, tiene que tener una fundamentación sólida, bien porque exista riesgo de fuga, se puedan destruir pruebas (como sucede en este caso), y lo que es más relevante, la gravedad de los delitos cometidos, y el riesgo de que sigan delinquiendo, como evidentemente sucede en este caso.

         La situación en Cataluña, como ya hemos denunciado desde Manos Limpias en reiteradísimas ocasiones, confirma las numerosas varas de medir de la “administración e justicia” española, siempre servil con los poderes políticos, de forma que hay que entenderle e interpretarla no desde el Derecho, como sería lo lógico, sino desde los tiempos políticos.

         Y el señor Rajoy, como gallego que es, ejerciente, sigue con su política habitual del avestruz, de esconder la cara y procurar que sean otros quienes se enfrenten a los problemas, en este caso la fiscalía, “su fiscalía”, y los jueces…

         ¡Dios quiera que no tengamos que arrepentirnos algún día de tanta indefinición, cobardía y pasotismo!

 

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