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La Fiscalía me pide 25 años de prisión por denunciar la corrupción en España, empezando por la Infanta. Por Miguel Bernad

31 de enero de 2018 -
4:04 min.

         Tengo 75 años, y “disfruto” de los achaques propios de la edad, aunque no me quejo.

         Agradezco mucho a la fiscalía española, tan experta en mirar para otro lado cuando le conviene, que me pida 24 años y10 meses de prisión, es decir, casi 25 años de cárcel, ya que ello me hace suponer que piensan llegaré a los cien años, y ese detalle es muy de agradecer…

         He dedicado los últimos 22 años de mi vida, desde 1995 hasta la fecha, a luchar contra la corrupción en España, y prueba de ello son más de un millar de denuncias y querellas presentadas por el sindicato Manos Limpias, del que soy fundador y secretario general.

         Del Rey abajo nadie se ha librado de nuestra persecución, siempre que viéramos indicios de corrupción, prevaricación, cohecho, etc., empezando por la propia hija y hermana de reyes, Cristina de Borbón y Grecia, y su marido, Urdangarín.

         Y por eso debo enfrentarse a esa enorme, desproporcionada y, sobre todo injusta, acusación y petición fiscal, que además de ser un disparate jurídico, supone una auténtica intimidación.

         Es una acusación sin la más mínima base probatoria para acusar. El Ministerio Público, en una clara huida hacia adelante para justificar mi ingreso en prisión preventiva, y la estancia en la cárcel ininterrumpidamente durante ocho meses y medio (unos 255 días), solicita que s eme imponga una pena de 24 años de prisión y 10 meses más, intentando así amedrentarme para que mi abogado pacte una sentencia de conformidad, en la que reconozca habrá cometido algún delito, intentando así criminalizarme y acabar con mi prestigio y el de Manos Limpias, un referente Español y mundial en la lucha contra la corrupción política.

         Pero no lo van a conseguir. Prefiero morir en la cárcel que vivir de rodillas, y más ante un gobierno de traidores, cobardes y corruptos como el que tenemos la desgracia de sufrir actualmente en lo que queda de España…

         No contento el instructor, el juez Pedraz, que tenía que haberse abstenido de intervenir en este asunto, ante la enemistad manifiesta que profesaba y tiene al que suscribe, tras haberle denunciado en varias ocasiones ante el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal actuante prevarica en su petición de ingreso en prisión preventiva, no habiendo causa para ello. Sigue prevaricando al mantenerme durante ocho meses y medio en la cárcel, pese a mi edad, y no tener antecedente penal alguno, y vuelva a prevaricar ahora, con esta infumable petición de 24 años y diez meses de prisión.

         El Ministerio Fiscal ha vulnerado todas mis garantías constitucionales y procesales, de manera grosera, flagrante, clamorosa y hasta delictiva.

         La fiscalía oculta y desprecia las manifestaciones en sede judicial de los presuntos extorsionados, todos y cada uno de los cuales han dicho que no habían tenido relación alguna conmigo, ni, por supuesto, habían sido objeto de extorsión alguna, por parte del sindicato Manos Limpias.

         Todo eso al fiscal le da igual, pues seguramente obedece órdenes superiores, dada la estructura jerárquica de la fiscalía, o pretende que la realidad no le impida construir un relato de ficción, que es pura invención suya, como el argumento de una novela, en las que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia…

         El Ministerio Fiscal ha sido incapaz de construir un andamiaje jurídico basado en indicios racionales de criminalidad contra mí, pese a lo cual me mantiene durante ocho meses y medio en prisión preventiva, y solo cuando empiezan a llegar quejas al Consejo de Europa, al Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y suponemos que estos organismos piden explicaciones a España, me dejan en libertad.

         La fiscalía retuerce torticeramente los hechos, para darles encaje penal “sí o sí”, aunque sea con calzador, y ello a pesar de la total y absoluta inexistencia de indicios de criminalidad, el fiscal acusa con la más absoluta desvergüenza.

         Teniendo en cuenta que la mayoría de los fiscales son de “servicios mínimos”, deben de pensar que es absurdo que un señor que no tiene interés económico alguno, a diferencia de ellos, que cobran su buen sueldo, pueda dedicar más de dos décadas de su vida a interponer más de 1.000 (mil) querellas y denuncias contra diversos estamentos del Estado, la Judicatura, los gobiernos autonómicos separatistas de Cataluña y el País Vasco, otras autonomías totalmente corruptas y corrompidas como la andaluza, con el caso de los ERES, etc.

         El fiscal pasa olímpicamente de los requisitos que establece el Código Penal para incardinar los hechos en los delitos de organización criminal y extorsiones…

         La fiscalía pide además la disolución de Manos Limpias, pues por lo visto no quieren competencia, habida cuenta de que nuestro sindicato ha hecho más por la lucha contra la corrupción en España que los alrededor de 3.000 fiscales que los españoles tenemos en nómina…, con muy magros resultados.

         Resulta curioso ver que nunca se ha pedido la disolución de UGT, por ejemplo, con su famoso PSV, un timo al por mayor, o de la propia UGT y CC.OO. en el caso de los ERES andaluces, que callaban a cambio de “generosas” subvenciones, o las numerosas cajas de ahorros y bancos que han estado estafando –literalmente- a sus clientes, colocándoles productos que eran un auténtico timo.

         Por no hablar de la primera organización delictiva que existe en España, que es el PP, involucrado en cientos de casos de corrupción y latrocinio del dinero público, mordida, comisiones, etc.

         La fiscalía nunca ha pedido la disolución de ninguna de esas organizaciones delictivas, pero sí de Manos Limpias, ya que, al parecer, en un país de corruptos un sindicato que lucha contra la corrupción es un peligro público, y debe der erradicado de la faz de la tierra.

         La irrupción en los procesos penales de la figura del fiscal defensor del acusado, cuyo máximo valedor y representante es el fiscal Horrach, es la guinda de una Institución sumida en el descrédito y desprestigio de una de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, o , en el caso de España, y por desgracia, del estado de desecho…

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