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Atraco del pirata Fabian Picardo a Miguel Bernard

25 de diciembre de 2016 -
2:58 min.

Cuando se produce el lanzamiento de 70 bloques de hormigón por parte de Fabián Picardo, en aguas jurisdiccionales españolas, para que los pescadores de nuestra Patria no pudieran faenar, Miguel Bernad Remón, en nombre de MANOS LIMPIAS, denuncia estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente, por delito medioambiental.

         Asimismo denuncia ante las autoridades españolas y comunitarias al Alcalde de Gibraltar,   el citado Picardo, el consentimiento y complicidad con el tráfico de tabaco ilegal, el hecho de que el Peñón sea un refugio de miles de empresas, que así evaden impuestos, al ser un puerto franco, y no existir prácticamente tributación, etc.

         En otras palabras, Gibraltar es un parásito de España, un paraíso fiscal en el que se han refugiado más de 70.000 empresas, cuando la población escasamente llega a 30.000 habitantes…

         La respuesta de Fabián Picardo, como buen picapleitos que es (otra cosa no pero leguleyo y liante, un rato largo), con el asesoramiento de su amigo Baltasar Garzón (expulsado de la carrera judicial por una querella contra él de MANOS LIMPIAS), fue presentar una demanda contra su honor ante la Corte Suprema de Gibraltar, es decir ante sí mismo, por medio de personas interpuestas.

         Obviamente Miguel Bernad Remón no compareció ante un “tribunal” nombrado a dedo por el propio Fabián Picardo, y que por lo tanto actuará como la voz de su amo, y se le declara en rebeldía, condenándole a pagarle nada menos que 120.000 (ciento veinte mil) euros, que ahora trata de ejecutar el Juzgado de lª. Instancia Núm. 47 de Madrid.

         Al respecto quiero recordar:

1º. - Que el “gobierno de Gibraltar” no es reconocido por el Gobierno del Reino de España. –

2º. -   Que la auto denominada “Corte Suprema de Gibraltar” es un “tribunal” fantasma, sin independencia. –

3º. - Que si el señor Picardo estimaba que se le había injuriado, la querella, denuncia o demanda para defender su honor, debería haberla presentado ante los Juzgados y Tribunales españoles, a virtud el principio de territorialidad, pues los hechos se produjeron en España, y Miguel Bernad Remón es ciudadano español, de origen y ejercicio. –

4º. - Que existe normativa europea la existencia de una doble instancia, es decir, la posibilidad de poder recurrir contra la sentencia inicial ante otro Tribunal, lo que no sucede en el caso de Gibraltar, dónde sólo existe un juzgado o tribunal, totalmente politizado, y que carece de cualquier rasgo o rastro de independencia judicial. –

5º. - El atraco termina con una condena por más de 120.000 euros, ya que se me condena también en costas, pero sin justificar en modo alguno las citadas costas, honorarios del abogado, tasas judiciales, en su caso, etc., y sin posibilidad alguna de impugnarlas, como sucede en España, a través de la tasación de costas, con una doble posibilidad de impugnación, por indebidas y/o por excesivas. –

6º. - Lo más vergonzoso del asunto es que un Juzgado español trate de ejecutar y dar por bueno este atraco a uno de nuestros ciudadanos, cuyos derechos debería proteger, en lugar de dar credibilidad a la “sentencia” de un juzgado fantasma, carente de legalidad, de imparcialidad y de objetividad, procedente de una colonia extranjera, que podrá reconocerle determinadas facultades en el ámbito de la Gran Bretaña, pero nunca en España, dónde solamente reconocemos la legitimidad de las resoluciones adoptadas por los juzgados ingleses, pero no de los que hayan podido crear ad hoc sus colonias, como es Gibraltar, por mucho que les pese. –

7º. - Es decir, un Juzgado de Primera Instancia español parece ser que no respeta el principio de legalidad y de seguridad jurídica, produciendo una total y absoluta indefensión a un ciudadano nuestro, de los que pagan impuestos, con los cuáles se mantiene ese mismo juzgado…

8º. –Ni el Ministro de Justicia, ni el Ministro de Asuntos Exteriores, ni la Defensora del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos conocedores del caso, pues les he informado por escrito de lo sucedido, han hecho absolutamente nada para defender los derechos e intereses legítimos de un ciudadano español. -

         Por defender la dignidad de España y de los españoles ante el pirata de Fabián Picardo, he sufrido y estoy sufriendo un gran castigo moral y económico en solitario, sin que nuestras autoridades sean capaces de defender las actuaciones legítimas y de defensa de los intereses generales de los españoles de este ciudadano español. –

 

 

Miguel BERNAD REMÓN,

Abogado,

Secretario General de MANOS LIMPIAS.

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Ramiro Grau Morancho

Ramiro GRAU MORANCHO es Graduado Social, Licenciado en Ciencias del Trabajo y Abogado. Profesor de Derecho en varias Universidades, Públicas y Privadas. Ha publicado más de veinte libros sobre temas jurídicos y sociales, y miles de artículos en prensa, diarios digitales y revistas jurídicas especializadas. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

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